Se cumplen 20 años del llamado Aduanazo, uno de los episodios claves en la historia de Nuevo Laredo, un momento que ha sido juzgado por el tiempo como la defensa de los derechos de los neolaredenses pero… también como un acto violento organizado por el líder sindical más influyente que ha tenido la ciudad.
¿Cuáles motivos "encendieron" a esos grupos para protestar? La franquicia de 50 dólares, porque para muchos neolaredenses fue una muestra del desconocimiento del gobierno federal hacia la vida cotidiana de los fronterizos, que se sumó la desaparición del Resguardo Aduanal y al establecimiento de un sistema de revisión con semáforos.
Todo combinado provocó el encono contra la Secretaría de Hacienda así como la destrucción, el saqueo de las instalaciones de la Aduana, hasta ser incendiadas por los inconformes, con una docena de personas encarceladas.
Para el gobierno federal en 1992, el responsable de organizar los disturbios y destrozar las instalaciones aduaneras de las Garitas del Puente Internacionales fue el líder sindical Pedro Pérez Ibarra, quien se vio obligado a abandonar Nuevo Laredo y exiliarse en Estados Unidos por 12 años.
Revisado ahora con el paso del tiempo, el Aduanazo es visto con dos criterios: es considerado como una manifestación legítima de los neolaredenses pero el gobierno federal (en su versión oficial de los hechos) afirmó que fue revuelta organizada por personas presuntamente dedicadas al contrabando, quienes reaccionaron porque sus intereses económicos fueron perjudicados.
Aunque es considerado por los historiadores locales como un momento histórico, no existen en el Archivo Histórico de Nuevo Laredo evidencias documentales ni fotografías sobre lo ocurrido en el Aduanazo, también son pocos los ciudadanos dispuestos a revelar qué sucedió y quiénes fueron los autores.
El hecho ocurrió en noviembre de 1992 en las instalaciones del Puente Internacional I, a donde llegaron cientos de ciudadanos inconformes con la Secretaría de Hacienda porque estableció una franquicia de 50 dólares para los residentes fronterizos.
La cantidad fue considerada como aberrante, contraria y que mostraba el desconocimiento de las autoridades federales de la historia de Nuevo Laredo.
La franquicia de 50 dólares se sumó la aparición de una nueva policía fiscal, a la instalación de artificios para fiscalizar el paso por la línea fronteriza, y la paulatina y virtual desaparición de la categoría de residente fronterizo.
EXILIO DEL PRINCIPAL INCULPADO
Para el gobierno federal de Salinas de Gortari, el autor de los disturbios en contra de la Aduana de México fue Pedro Pérez Ibarra porque encabezó la marcha de protesta el 29 de noviembre de 1992 contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas por la reducción de la franquicia para residentes fronterizos.
De acuerdo a los entrevistados, recuerdan que la simple manifestación terminó en un inmenso disturbio hasta propiciar el incendio y saqueo de oficinas federales, (las Garitas de los Puentes Internacionales I y II), con daños estimados en 20 millones de pesos.
En ese momento, los abogados de Pérez Ibarra afirmaron que la manifestación realmente fue organizada para ser pacífica, pero afirmaron que el gobierno de Salinas de Gortari infiltró a agitadores a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
Afirmaron que fue una maniobra política para culpar a Pérez Ibarra y removerlo como líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en una estrategia similar a la que empleó Salinas para acabar con los liderazgos sindicales de Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", en el sur del estado, y Agapito González Cavazos, líder del sindicato de maquiladoras en Matamoros, puesto que se anteponían a los programas neoliberales del gobierno federal mexicano.
La PGR acusó entonces a Pérez Ibarra de haber planeado y encabezado los disturbios, pero Pérez Ibarra se defendió diciendo que se trataba de una conjura política de alto nivel para reprimir y desbaratar el movimiento sindical tamaulipeco. Ante las acusaciones, Pérez Ibarra abandonó Nuevo Laredo y se exilio en Laredo, Texas durante 12 años.
El Ministerio Público integró la averiguación previa por los delitos de motín, quebrantamiento de sellos, ejercicio indebido del propio derecho, daño en propiedad por incendio, robo, destrucción de mercancía en recinto fiscal y acopio de armas.
Pérez Ibarra retornó a Nuevo Laredo el 19 de julio del 2004 después de ser exonerado de todos los cargos incluyendo el ultimo cargo acopio de armas, (expediente 107/92 en el Juzgado Tercero de Distrito), que precisamente fue el último que aún tenía en su contra.
En su regreso a Nuevo Laredo, el exlíder de la CTM participó otra vez en política y respaldó al entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
Pedro Pérez Ibarra murió el 30 de agosto de 2006, a los 87 años de edad, luego de haber estado hospitalizado varios días, debido a males respiratorios y gastrointestinales.
Culpable o no Pérez Ibarra, pero el historiador Manuel Ceballos Ramírez dijo que gran parte de la población consideró un agravio la franquicia de 50 dólares para neolaredenses, como al resto de los fronterizos.
"La Secretaría de Hacienda adujo que el zafarrancho lo habían propiciado quienes habían visto afectados sus intereses creados. Sin descartar este supuesto, lo cierto es que también participó gran parte de la población que reclamaba derechos históricos", explicó Ceballos Ramírez.
"Además, se recordaba al gobierno federal el trato ingrato hacia una población de la frontera que sacrificó su propio proyecto de ciudad, por asimilarse al proyecto nacional de sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial", explicó Ceballos Ramírez.
Durante siglo y medio las decisiones de escritorio son parte de una historia se ha repetido con una recurrencia sorprendente, coinciden Ceballos Ramírez y el también historiador Raymundo Ríos Maya.
Ambos se refieren a dos ejemplos ocurridos precisamente en el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, donde los funcionarios federales son definidos como la clase tecnocráta, de la tecnocracia porque tomaron una serie de determinaciones que ignoraban la historia de la frontera y los antiguos costos.
"Pero sin duda, una las medidas aberrantes más notoria de ese sexenio fue otorgar menor franquicia para los neolaredenses, comparada con la franquicia que recibieron los pasajeros", puntualizó Ceballos Ramírez.
EN 1992 OCURRE EL ADUANAZO
En el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue cuando se cambiaron las medidas de fiscalización y se implementaron los procesos aleatorios para la revisión de mercancías en las aduanas del país.
La Secretaría de Hacienda adujo que el zafarrancho de 1992 lo habían propiciado quienes habían visto afectados sus intereses creados. Sin descartar este supuesto, lo cierto es que también participó gran parte de la población que reclamaba derechos históricos.
Además, se recordaba al gobierno federal el trato ingrato hacia una población de la frontera que sacrificó su propio proyecto de ciudad, por unirse al proyecto nacional de sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial.
Aquí Ceballos Ramírez afirmó que el factor que provocó el encono de los manifestantes fue el monto de la franquicia.
"Fue considerada como una decisión aberrante que al ciudadano fronterizo le permitieran una franquicia de 50 dólares y 300 dólares para los ciudadanos no fronterizos. Y el pretexto de la decisión de la Secretaría de Hacienda era que los ciudadanos fronterizos, como los neolaredenses, podían cruzar varias veces por día para adquirir mercancías.
Y con esta decisión se rompe la zona de excepción que predominó desde 1862", planteó.
"El Aduanazo, en noviembre de 1992, hizo que amplios sectores de la población se manifestararan en contra de las normas de Hacienda. Los hechos fueron confusos y desmedidos, porque si bien es cierto que lo aberrante de las medidas tomadas por las autoridades agredían los derechos históricos de los fronterizos, nada justificaba el incendio y la destrucción parcial de la aduana", planteó Ceballos Ramírez.
Hacienda atribuyó los hechos violentos a un grupo de contrabandistas quienes se sintieron perjudicados en sus intereses creados.
"Aunque se haya dicho que Pérez Ibarra no era culpable mientras el gobierno federal dijo que realmente fue el autor del Aduanazo, no se pueden negar las demandas de la población en general pidiendo a la Secretaría de Hacienda mayor cordura y congruencia en sus medidas. Las decisiones del gobierno federal provocaron una gran inconformidad entre la población", consideró.
El entonces Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, con el respaldo del presidente de la república Salinas de Gortarí, estableció como máximo una franquicia de 50 dólares para un ciudadano neolaredense, en su condición de residente fronterizo.
"El entonces Secretario de Hacienda, Pedro Aspe estableció una franquicia de 50 dólares con el argumento de que el residente fronterizo puede cruzar varias veces a territorio norteamericano para realizar sus compras y no así los residentes del interior del país. Fue un argumento que fue considerado absurdo, una aberración. Nosotros en ese momento nos preguntamos que si queríamos comprar un artículo con un costo mayor a los 50 dólares, entonces debíamos cruzarla en partes, en pedazos", preguntó Ceballos Ramírez.
ADUANAZO OBLIGÓ AL GOBIERNO FEDERAL
Por la presión pública que generó el Aduanazo a nivel nacional, obligó al gobierno federal a elevar la franquicia de 50 a 150 dólares para los residentes fronterizos.
Eso ocurrió hace 20 años. Ahora es una cantidad considerada como limitada e incluso influye para que algunas personas oculten mercancías e incurran en el delito de contrabando.
También en el sexenio 1988-1994 del expresidente de la república Carlos Salinas de Gortari se originó otro cambio en la vida de los fronterizos, enfocado a un mayor control en su tránsito por los Puentes Internacionales: el Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella y el Subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, aplicó una serie de medidas encaminadas a limitar los derechos históricos de Nuevo Laredo con la instalación de semáforo rojo, revisión aleatoria, herramientas encaminadas a más revisiones para los fronterizos.
Raymundo Ríos Maya, presidente de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, es autor del libro El Resguardo Aduanal y sus Orígenes, donde explica que el Resguardo surgió de un estudio realizado por la Secretaría de Hacienda, Manuel Payno, para cumplir con la ley promulgada el 24 de noviembre de 1849.
Junto con el Aduanazo, Ríos Maya sostiene que otro ejemplo del desconocimiento sobre la historia y la aportación de Nuevo Laredo al país, se refleja con la desaparición del Resguardo Aduanal en 1992.
El historiador afirmó que fue un duro golpe para Nuevo Laredo y ahora con el paso del tiempo puede afirmarse que "fue una decisión de escritorio".
"Las decisiones y criterios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se manejaron políticamente, desde el escritorio. Salinas de Gortari terminó con una historia de 107 años de la Aduana de Nuevo Laredo: primero fue desaparecer el Resguardo Aduanal y luego ocurrió el Aduanazo", afirmó el historiador.
De lo ocurrido en noviembre de 1992 a la realidad de hoy, es contrastante porque en el Puente Internacional I existe un módulo del Servicio de Administración Tributaria (Sat) para que los peatones realicen su declaración de mercancías y paguen los impuestos que corresponde cuando el valor de sus mercancías excede o rebasa su franquicia a la que tienen derecho: si son ciudadanos fronterizos tienen derecho a una franquicia de 150 dólares y si son paisanos 75, (o 300 dólares cuando está en marcha el Programa Paisano).
Cuando un residente fronterizo intenta la importación de mercancías ocultándolas en su vehículo, la Aduana aplica Procedimientos en Materia Aduanera (Pamas) a fronterizos, paisanos o visitantes del interior del país porque no cumplen con la obligación de declarar voluntariamente el excedente de mercancías que transportan en sus vehículos o bolsas (en caso de ser peatones).
En 1858, aunque con sucesivas modificaciones y adaptaciones, Ceballos Ramírez recordó que la Zona Libre fue una de las matrices generadoras de la estructura fronteriza, porque esa legislación diferenciaba y conceptualizaba a los habitantes de la frontera como residentes; a quienes no lo eran, se les clasificaba como pasajeros.
"La misma definición de la frontera mexicana obligó a la instauración de estos regímenes de excepción fiscal, y a la demarcación de un espacio. En un proceso hoy sesquicentenario, la frontera mexicana ha creado, de modo diverso según la región, una serie de poblaciones estables. Sin embargo, de tiempo en tiempo, los embates centralizadores del Estado mexicano han cambiado los derechos de los fronterizos", explicó Ceballos Ramírez.
"Se pensó que las ciudades fronterizas eran poblaciones de paso y se les atribuyó una serie de características que ni las diferenciaba, ni las explicaba. Se olvidó que la actual frontera se constituyó por la instauración de la Zona Libre, como forma idónea de responder a la alteración", agregó.
LA REALIDAD DE FRONTERIZOS
La actual franquicia autorizada por la Secretaría de Hacienda para los residentes fronterizos es de 150 dólares (por persona y por día), así como 400 dólares por familia, que se acumula cuando dos o tres familiares viajan en el mismo vehículo al momento de declarar sus mercancías ante la Aduana local,
A 20 años de haberse establecido la actual franquicia, para el experto Marco Vinicio Morales Romo, experto en Comercio Exterior y Aduana., es insuficiente la cantidad de 150 dólares para los residentes fronterizos y podría significar un factor para que las personas incurran en ocultar mercancías en sus vehículos, en vez de declararlas y pagar los impuestos que corresponden en caso de rebasar el monto de la franquicia.
A través del tiempo, Ceballos Ramírez afirmó que el gobierno federal, sea panista o priísta, decide y aplica medidas que afectan a los residentes fronterizos porque desconocen la realidad la historia de la frontera norte de México.
Incluso, algunas decisiones han resultado una agresión a los residentes fronterizos.
"Las decisiones del gobierno federal se toman en el escritorio, y son en contra de la historia, sin consultar a nadie, y lo hacen por razones pragmáticas: así ocurrió en 1992 cuando la Secretaría de Hacienda estableció una franquicia de 50 dólares para los fronterizos y ocasionó una gran inconformidad. Pero no fue la primera vez porque a mediados de 1856, hubo muestras de inconformidad y reclamos a los funcionarios del gobierno por sus determinaciones "antipolíticas y ruinosas" para la frontera.
Así está documentado en los archivos", afirmó el historiador.
Via | Silvia Alvarez
Aduana en Mexico y el Mundo 