Hemos criticado la falta de competitividad en nuestra economía, no sólo nos referimos a los grandes cambios que se requieren en infraestructura, en la política fiscal o en la estrategia comercial del país.
No. También —y me atrevería a decir que en la mayor parte de los casos— nuestra pobre competividad en ciertos sectores tiene que ver con asuntos “menores”, como la ausencia de coordinación entre entidades y organismos públicos, la excesiva burocratización de los procesos o, simplemente, la falta de entendimiento entre cabezas de sector y áreas operativas.
Un caso lamentable de cómo se afecta la competitividad en un sector clave de la economía por cuestiones “menores”, es lo que está ocurriendo con los puertos mexicanos.
Y más concretamente con dos de los puertos importantes del país: Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Estos dos puertos reciben a una gran cantidad de navieras nacionales y extranjeras que, como es natural, embarcan y desembarcan mercancías que tienen como destino final el territorio mexicano o están “de paso” —en transbordo— hacia un destino final en otros países.
Como se entenderá, la eficacia, el costo y la capacidad logística para llevar a cabo estas operaciones portuarias, son factor importante para la competitividad del comercio que realizan productores y proveedores, pero también para aquellos que utilizan a los puertos mexicanos como “paso” hacia otras latitudes.
Le doy un dato que ilustra el tamaño de este movimiento portuario: En 2010 se movieron más de 816 mil contenedores sólo en estos dos puertos.
Pues bien. En los últimos meses el movimiento de transbordos de mercancías —que representa alrededor del 35 por ciento del total de contenedores que se mueven en estos puertos— se ha visto seriamente afectado por el ineficiente proceso de revisión que realizan el Ministerio Público federal, la Procuraduría General de la República a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Industrial y las aduanas.
No se cuestiona que estas instancias públicas realicen su labor de inspección de contenedores como es su responsabilidad, para detectar ilícitos especialmente relacionados con el contrabando y la piratería.
Sin embargo el proceso que utilizan es tan deficiente que los contenedores quedan detenidos en los puertos entre uno y tres meses, sin que se responda claramente por ello.
Incluso se sabe de contenedores que siguen retenidos después de un año de haber sido desembarcados.
Esta situación ya ha ocasionado no sólo altos costos para las navieras y para los propietarios de las mercancías, sino también el potencial abandono de algunas grandes navieras de las rutas “en transbordo” por puertos mexicanos.
Un caso es el de la naviera francesa CMA-CGM que ha decidido dejar de realizar movimientos de transbordo en Manzanillo para llevarlos a Puerto Quetzal en Guatemala.
Ya otras importantes navieras están analizando hacer lo mismo con las pérdidas que ello significa para los puertos mexicanos.
Este es un caso concreto de cómo se puede tirar al caño la competitividad del transporte y la logística en territorio mexicano porque, seguramente, un par de funcionarios públicos no están dispuestos a ponerse de acuerdo.
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